La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno exhibió este jueves un esquema de contratación en el Instituto Nacional Electoral (INE) que, según la investigación presentada en la conferencia matutina, concentró contratos por más de 2 mil millones de pesos entre 2014 y 2023 en manos de seis empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raimundo Hernández Casillas.
De acuerdo con la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, las compañías operaban como un oligopolio: sus beneficiarios finales eran los propios hermanos y simulaban competir entre sí en las licitaciones para quedarse con los contratos de materiales y servicios electorales. El esquema habría alcanzado al menos 23 entidades federativas y continuó entre 2024 y 2025, periodo en el que se habrían otorgado contratos por más de 600 millones de pesos.
La investigación se presentó después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inmovilizara cuentas vinculadas con personal del INE. Buenrostro explicó que las empresas señaladas aún no han sido inhabilitadas, porque sancionarlas corresponde a la ASF, y que las posibles sanciones administrativas o penales dependerán de lo que determinen la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la ASF y la Fiscalía General de la República.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las contrataciones irregulares no comenzaron con la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, sino que vienen de antes, y llamó a los organismos públicos locales electorales y al propio INE a transparentar sus contrataciones rumbo a las elecciones de 2027. También anunció que la próxima semana presentará un decreto para modernizar y reestructurar Talleres Gráficos de México, el organismo encargado de imprimir las boletas electorales federales.
Sheinbaum descartó adelantar acusaciones por delitos específicos contra los hermanos Hernández Casillas y dejó en manos de los organismos correspondientes determinar los procesos que deberán seguir. En la conferencia también se informó que la propuesta de presupuesto del INE para 2027 rondaba los 47 mil millones de pesos, monto con el que el Gobierno federal no estuvo de acuerdo, aunque la decisión final corresponde al Congreso.
Fuentes: 24-horas.mx, Milenio, Reporte Índigo, ejecentral.com.mx.
Foto: ProtoplasmaKid, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.