La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntos esquemas de triangulación y simulación de operaciones con recursos públicos del Gobierno de Nuevo León, al presentar ante la Cámara de Diputados la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025. El auditor superior, Aureliano Hernández, describió un patrón de pagos a proveedores cuyo destino final estaría relacionado con cuentas de personas y empresas con vínculos familiares con servidores públicos.
De acuerdo con el desglose difundido, las operaciones examinadas rondan los 7 mil 200 millones de pesos. La ruta de mayor monto parte de un pago estatal de 5 mil 851 millones de pesos a una constructora, que después transfirió 5 mil 154.6 millones a otra empresa, la cual canalizó 385.3 millones de pesos a un despacho jurídico. En total, el organismo identificó 728.13 millones de pesos que habrían llegado a ese despacho a través de cuatro rutas de transferencias.
La ASF también señaló operaciones inmobiliarias por más de mil millones de pesos dentro de los mismos esquemas. Por respeto al debido proceso, el auditor no reveló los nombres de las personas ni de las empresas involucradas, y precisó que las cantidades corresponden a distintas etapas de las cadenas de transferencias, por lo que no deben sumarse como si fueran recursos independientes.
Según los reportes difundidos este sábado, el organismo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 16 de octubre, relacionada con las operaciones bajo investigación en Nuevo León. El siguiente paso será la emisión de los pliegos de observaciones, para que el Gobierno estatal aclare cada movimiento y se determine si existe un daño al erario y por qué monto.
Los hallazgos coinciden con investigaciones periodísticas previas que documentaron transferencias de contratistas del estado hacia Firma Jurídica y Fiscal, el despacho vinculado con el gobernador Samuel García y su padre. Hasta ahora, la ASF no ha atribuido responsabilidades individuales ni ha establecido una cifra definitiva de recursos desviados: lo que está en curso es una investigación fiscalizadora que deberá resolverse con pruebas y con la respuesta del gobierno estatal.
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