El Congreso de Nuevo León pidió investigar una presunta triangulación de 7,212 millones de pesos detectada por la Auditoría Superior de la Federación. El exhorto, aprobado por las y los diputados, solicita la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior del Estado.
La propuesta fue presentada por la diputada Claudia Caballero, del PAN. En su planteamiento, se señala que los recursos habrían terminado en un despacho jurídico vinculado con familiares del gobernador Samuel García, un señalamiento que, por ahora, se presenta como presunto y que deberá ser investigado por las autoridades competentes.
El exhorto no es una sentencia ni una prueba de responsabilidad: es un llamado formal para que las instancias de fiscalización y procuración de justicia revisen el origen, el destino y la documentación de los recursos señalados por la ASF.
El caso vuelve a poner en el centro el debate sobre la vigilancia del gasto público en Nuevo León y la necesidad de que las observaciones de auditoría se traduzcan en investigaciones claras, con resultados públicos y, en su caso, con responsabilidades.
Ahora corresponde a la UIF, la FGR y la ASE determinar si existen elementos para abrir procedimientos, qué operaciones deben revisarse y qué información puede hacerse pública sin afectar las investigaciones en curso.
Foto: ProtoplasmaKid, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.