La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el miércoles 21 de octubre que los 59 millones de litros de combustible asegurados en una terminal de Grupo Simsa en San José Iturbide, Guanajuato, no eran huachicol: el combustible era legal y la empresa contaba con todos los permisos de almacenamiento.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) concluyó la investigación sobre la procedencia y trazabilidad del producto. La presidenta detalló en la conferencia matutina que solo se detectaron irregularidades en el transporte del combustible que ingresaba al sitio, observación que la empresa ya atendió y quedó resuelta.
El caso se remonta al 3 de julio, cuando una persona fue detenida mientras descargaba diésel de una pipa de 33 mil litros en una gasolinera de San Luis de la Paz. Esa detención derivó en el cateo del 4 de septiembre a la terminal ubicada en la comunidad de La Fragua, donde se encontraron 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga y volúmenes de gasolina regular, premium y diésel. El 17 de septiembre el gobierno federal lo anunció como un “decomiso histórico” de huachicol fiscal.
El giro del caso incluye la destitución del delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, por anomalías en el operativo: el cateo se realizó dos semanas antes del anuncio público y se difundió información sin completar las verificaciones y protocolos correspondientes. La destitución fue confirmada el 25 de septiembre por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Grupo Simsa había rechazado desde septiembre que sus operaciones fueran ilícitas y sostuvo que el combustible almacenado pertenecía a sus clientes y que su terminal era lícita y verificable. Cabe recordar que el 24 de septiembre la propia Sheinbaum había dicho que no podía descartarse el huachicol mientras la FGR no concluyera la revisión de permisos; con la investigación concluida, el miércoles 21 de octubre lo descartó de forma definitiva.
En el mismo informe, el gobierno federal reportó 2,539 personas detenidas y 173.7 millones de litros asegurados en las acciones contra el huachicol, además de la cancelación del registro de 180 empresas por parte del SAT y tres solicitudes de extradición con Estados Unidos por contrabando marítimo de hidrocarburos en Tamaulipas.
Tanques de almacenamiento de combustible en una terminal petrolera. Foto: Ross / Geograph Britain and Ireland, CC BY-SA 2.0, vía Wikimedia Commons