La Auditoría Superior de la Federación presentó el viernes una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos que ascenderían a 7 mil 200 millones de pesos.
El caso volvió este domingo al centro del debate público luego de que el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió que el Congreso de Nuevo León reinstale su comisión anticorrupción y abra paso al juicio político contra el mandatario estatal.
Según lo difundido por la Auditoría, los recursos habrían seguido rutas de triangulación a través de constructoras y proveedores, con depósitos que distintos reportes ubican en cientos de millones de pesos hacia un despacho jurídico relacionado con el gobernador y su familia. Se trata de señalamientos bajo investigación, no de una responsabilidad determinada.
Ramírez Cuéllar recordó que desde hace más de un año había advertido sobre estas operaciones en la tribuna de San Lázaro y lamentó que una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantenga frenado, por ahora, el proceso de juicio político en el Congreso local.
El legislador sostuvo que el primer paso corresponde al Congreso de Nuevo León como autoridad local, y que solo con la comisión anticorrupción en funciones podrá avanzarse en el esclarecimiento del destino de los recursos y de las eventuales responsabilidades.
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