La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó presuntos esquemas de desvío y triangulación de recursos públicos en Nuevo León y Sinaloa, al presentar este viernes ante la Cámara de Diputados los informes de la segunda entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2025.
El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que la revisión abarcó 374 auditorías —286 a entidades federativas, 46 a entes federales y 42 a municipios— y dejó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en todo el país, la mayor parte en municipios, donde más de 5 mil 200 millones no pudieron comprobarse documentalmente.
En el caso de Nuevo León, la ASF describió transferencias millonarias entre comercializadoras, constructoras, empresas de servicios y un despacho jurídico. Una de las operaciones más cuantiosas involucra a una constructora que recibió 5 mil 851 millones de pesos del Gobierno estatal y luego transfirió 5 mil 154.6 millones a otra empresa, con un movimiento adicional de 385.3 millones relacionado con un despacho jurídico.
En otra operación, una comercializadora que recibió 964 millones de pesos transfirió 237 millones a una empresa de alimentos fundada por un funcionario y un familiar, que a su vez habría enviado 202.9 millones al mismo despacho, vinculado en conjunto con transferencias por 728.13 millones de pesos.
En Sinaloa, la Auditoría expuso a una constructora constituida por dos familiares de un funcionario del Ejecutivo estatal, que concentró contratos de obra pública y depósitos superiores a los montos de obra, para luego transferir recursos a particulares que pagaron millones a un exfuncionario de Finanzas. La ASF señaló que en sus primeros seis meses de gestión presentó 40 denuncias penales; los hallazgos son presuntos y están pendientes de aclaración y de las acciones legales que correspondan.
Foto: ProtoplasmaKid, vía Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 4.0.